Tras la ola de críticas por su contenido, la propuesta de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum podría ser modificada, según confirmaron diputados de Morena. Aunque el partido ha defendido la iniciativa, su coordinador en la Cámara, Ricardo Monreal, reconoció que existen disposiciones que deben ser revisadas y no descartó que se realicen correcciones para evitar vulnerar derechos como la libertad de expresión.
Ricardo Monreal admite que la iniciativa presidencial requiere ajustes para garantizar la libertad de expresión
El debate en torno a la nueva Ley de Telecomunicaciones se intensificó en el Congreso luego de que sectores de la oposición calificaran la iniciativa como autoritaria y restrictiva. En respuesta, Morena abrió la posibilidad de hacer ajustes a la propuesta para reforzar garantías fundamentales.
“El Senado todavía debe concluir la votación. Yo ya hice algunas observaciones, pero prefiero no detallarlas aún”, declaró Ricardo Monreal Ávila, quien señaló que su intención es que las comisiones legislativas analicen los puntos sensibles y propongan mejoras que favorezcan la transparencia sin caer en prácticas de censura.
Monreal subrayó que aún no puede formalizar sus comentarios, ya que no corresponde a su momento procesal, pero dejó claro que su bancada está abierta a modificaciones “en beneficio de la libertad de expresión”.
Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI, lanzó una fuerte advertencia en contra del contenido de la propuesta. A través de un video, denunció que la ley pretende “controlar todo”, desde correos electrónicos e Internet, hasta emisiones de radio y televisión. “¡Vamos hacia una dictadura!”, expresó, al acusar que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendría atribuciones excesivas, comparándola incluso con la Gestapo alemana.
El centro del debate gira en torno a la posibilidad de que esta agencia tenga facultades para intervenir plataformas digitales, lo que —según la oposición— abriría la puerta a una peligrosa concentración de poder y censura institucionalizada.
En contraste, Morena ha insistido en que el objetivo de la ley no es silenciar voces, sino evitar la difusión de contenidos discriminatorios patrocinados por gobiernos extranjeros, protegiendo así la soberanía informativa del país.