La propuesta busca elevar las condenas de 15 a 22 años de prisión para quienes utilicen tecnologías de la información y comunicación con el propósito de cometer ilícitos. Esto incluye el uso de redes sociales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería y otras herramientas digitales para difundir contenido falso, automatizar amenazas y analizar datos personales con fines de extorsión.
Uno de los puntos clave de la iniciativa es la inclusión de penas de 1 a 5 años de prisión para quienes alteren archivos de imagen, video o voz mediante herramientas digitales para que parezcan auténticos o reales, con el fin de usurpar identidades y cometer delitos.
Además, la propuesta contempla una agravante adicional, que aumentaría la pena en una tercera parte, cuando la suplantación de identidad se utilice para cometer delitos como: fraude, robo y pornografía infantil.
De aprobarse, esta reforma representaría un avance importante en la lucha contra la ciberdelincuencia, endureciendo las penas para quienes se aprovechen del anonimato digital para cometer delitos, y brindando mayor seguridad y justicia a las víctimas de estos crímenes.
